Ciudadanía al estilo latinoamericano

Estándar

A partir de los años 80 el término  “ciudadanía” ha sido acuñado con enorme rapidez por diferentes actores sociales y políticos. La lucha contra los regímenes autoritarios y las consecuentes transiciones democráticas contribuyeron a un renovado debate sobre las libertades civiles y los derechos ciudadanos. 

En este contexto, la izquierda se deshizo de su anterior visión instrumentalista de la democracia, y la revalorizó como un valor en sí, a la vez que articuló una estrategia de construcción democrática alrededor de las nociones de ciudadanía y los derechos ciudadanos.

Los círculos neo-conservadores y neo-liberales articularon sus visiones sobre los derechos y, sobre todo, las obligaciones del ciudadano y de la ciudadanía. Aunque hay convergencias y coincidencias en las discusiones sobre la ciudadanía, la cuestión se presenta de forma específica en América Latina.

La conformación de los derechos ciudadanos en América Latina fue muy distinta de la secuencia de derechos civiles, políticos y sociales esbozada por Marshall a partir del caso inglés¹. Para no tratar todo el proceso de  ciudadanización a partir de las Independencias latinoamericanas, solamente voy a tocar las últimas cinco décadas  y  las reformas estructurales que han sobrevenido a partir del final de los años 70.

Se puede argumentar que en el marco del nacional-desarrollismo y el populismo latinoamericano, se dio una cierta expansión de los derechos sociales a cambio de una limitación del derecho al ejercicio autónomo de los derechos políticos en un contexto de derechos civiles poco desarrollados (Roberts, 1995: 184-207). Los arreglos populistas dieron lugar a una suerte de Estado de bienestar (o malestar) estilo latinoamericano.

En su análisis del caso brasileño, Wanderley Guillerme dos Santos (1987) se refiere a una “ciudadanía regulada”. El autor argumenta que este caso la ciudadanía no esta basada en un código de valores políticos sino en un sistema de estratificación ocupacional. De esta manera la ciudadanía quedó limitada a los sectores con ocupaciones legalmente definidos y reconocidos lo que conlleva el derecho de tener una carteira de trabalho y de pertenecer a un sindicato autorizado por el Estado. Importantes sectores de la población tal como el campesinado y las empleadas y empleados domésticos quedaron fuera del sistema en una suerte de condición de “pre-ciudadanos”.

Si los regímenes² populistas se caracterizaron por una forma específica de ciudadanía, los años 70 fueron la época del surgimiento del autoritarismo burocrático y de formas de terrorismo del Estado de distinta intensidad. La intervención militar reflejó una crisis de la regulación política populista. Los regalos y “contribuciones” de los políticos populistas paulatinamente habían sido transformados en derechos desde la percepción popular, el pueblo se acostumbró a que le regalaran y al mismo tiempo, la demanda por la expansión de tales derechos estaba dando paso a movilizaciones populares cada vez más autónomas que amenazaban rebasar el marco de la economía capitalista.

Lo cierto es que en muchos países, los años 70 se significaron por la abrogación (supresión de una ley, código o norma jurídica en su totalidad) de derechos civiles y políticos. Fueron los problemas económicos a partir de la segunda mitad de la década de los 70 los que  proporcionaron el marco para una restricción de los derechos sociales y un crecimiento de la pobreza. La crisis llevó a la adopción de las políticas de ajuste estructural en el marco del “Consenso de Washington”³ y al inicio de las reformas del Estado.

Los años 80 también fueron los años de las transiciones hacia gobiernos civiles formalmente democráticos, una “doble transición”: hacia la economía del mercado desregulado, por un lado, y hacia la democracia política, por el otro.  En realidad las reformas de los Estados latinoamericanos iniciadas a raíz de las crisis de los años 70’s responden a múltiples presiones derivadas de los requerimientos del ajuste estructural así como de las demandas y luchas de distintos sectores sociales por lograr la democratización. Por todas partes hay movilizaciones estudiantiles y sindicales.

Los ajustes al cambiante orden global incluyen la absorción de algunas de las funciones del Estado por mecanismos transnacionales: El manejo macro-económico, por ejemplo, está cada vez más orientado por agencias supranacionales (léase BID, FMI),  así se estrechan los parámetros políticos de maniobra para los gobernantes y se limitan por anticipado las posibilidades para la construcción de alternativas. No se pueden escapar de una corriente mundial que pretende establecer un orden que en realidad conviene a pocos.  Entre tanto, ciertas funciones de los Estados están siendo reformadas mediante políticas de descentralización y privatización además de las demandas de democratización y el accionar de los movimientos sociales de índole diversa que inciden sobre los procesos de reforma y a menudo cuestionan su dirección.

Para comprender lo que está en juego en los debates actuales acerca de la ciudadanía se debe enfatizar que el neoliberalismo no es solamente una doctrina económica, sino que incluye un proyecto cultural y una particular visión de las relaciones entre el Estado, el mercado y la sociedad civil. Con el desmantelamiento de los anteriores mecanismos de regulación económica y de representación corporativista se busca una despolitización de la economía y se pretende lograr un Estado aislado y blindado de las influencias sociales “indebidas” que pudieran obstaculizar la eficiente realización de las tareas estatales claves.

El objetivo declarado es eliminar los rasgos “paternalistas” que los Estados habían adquirido en décadas anteriores (subsidios, excensiones, etc,), se trata de quebrantar así las actitudes clientelistas de los ciudadanos y fomentar su sentido de responsabilidad.

Queda un dominio residual de intervención conocida como la lucha contra la extrema pobreza (conocido para nosotros colombianos). De esta manera, las políticas de bienestar teóricamente universalistas de inspiración keynesiana son revertidas para dar lugar a políticas “focalizadas” que buscan capacitar los grupos meta para su participación en un entorno competitivo. Al respecto se me ocurren los muy de moda términos como “marginalización” y “minorías” que según el enfoque pueden realmente contener una afectada discriminación.

A la vez  a la sociedad civil  se asigna un nuevo papel y los intereses privados pueden organizarse para realizar tareas anteriormente a cargo del Estado. De esta manera,  el proyecto neoliberal de modernización aprovecha importantes recursos culturales y materiales de la sociedad civil como lo demuestra Schild (1998) con relación a los movimientos de mujeres en Chile. En el marco de la retirada del Estado de la política social las nociones de participación y empowerment (empoderamiento) -anteriormente reservados a los movimientos sociales y las organizaciones no-gubernamentales (ONGs)- han hecho su aparición en el discurso gubernamental, siendo resignificados. Desde la perspectiva de la tríada de Marshall de los derechos ciudadanos, el proyecto neoliberal privilegia a los derechos civiles en cuanto sostienen el papel asignado a la sociedad civil, mientras acogen una visión restringida y procesal de los derechos políticos así como una forma abreviada de los derechos sociales.

Las reformas constitucionales que sobrevinieron en el marco de las “transiciones democráticas” con seguridad reflejan las crisis sociales. A menudo, las reformas tienen lugar en el contexto de una considerable movilización social. 

Los procesos de democratización alentaron la esperanza de un cambio profundo y de un nuevo pacto social, al tiempo que la movilización de amplios sectores de la sociedad civil expresaba las aspiraciones de participación, de inclusión social, de nuevas relaciones entre distintos sectores de la sociedad y de afirmación de nuevos derechos, desde los derechos de la mujer y los menores, hasta los derechos de los pueblos indígenas.

Aquí la participación significa mucho más que ayudar a implementar políticas, pues incluye la deliberación y la toma de decisiones en el sentido más amplio, así como medidas de redistribución que contrarrestan las tendencias hacia la concentración del ingreso y la privación de derechos. Cabe señalar que los procesos de democratización y de descentralización han abierto espacios para experimentos de gestión local alternativa. 

Los procesos de configuración de la ciudadanía en América Latina,  conllevan infinidad de derechos y de deberes de conformación variable y esto es el resultado de luchas políticas y sociales. Los actuales procesos de reconfiguración de la ciudadanía se ubican en el marco de las reformas estructurales así como de tendencias democratizadoras.  Todo lo anterior actualmente inserto en el tema de la globalización. Lo que importa destacar es que esas reformas potencialmente implican una desviación muy significativa del modelo acostumbrado del Estado-nación y de las formas de regulación económica y política así como las nociones de democracia y ciudadanía predicadas en este modelo.

¹Documento preparatorio para el XXIII Coloquio de Antropología e Historia Regionales.24-26 de octubre de 2001. Recuperado en   http://www.colmich.edu.mx

²Para una definición de régimen véanse O´Donnell (1999:141) y las contribuciones en Collier (1979).

³Las medidas incluyeron la disciplina fiscal, la eliminación de subsidios para expensas en educación y salud, la reforma fiscal, tasas de interés orientadas por el mercado, tasas de cambio basadas en el mercado, liberalización del comercio, inversión directa extranjera, privatización, desregulación y respecto para con los derechos de propiedad. Los años 90 fueron marcados por las reformas de “segunda generación” y los procesos de ingeniería institucional con el objetivo de hacer más eficaz el Estado achicado.

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